El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una regulación urgente y extraordinaria, mediante Real Decreto-ley, de la condición legal de discapacidad, para dar cobertura a las personas con discapacidad ucranianas refugiadas en su acceso a los apoyos, servicios y prestaciones sociales previstas por razón de discapacidad.

Dado que, en España, el acceso a buena parte de lo apoyos, servicios y prestaciones por motivos de discapacidad está condicionado a que la persona ostente previamente la condición legal de discapacidad, los refugiados que lleguen de Ucrania en esta situación quedarían fuera de estas medidas de acción positiva pues carecen del reconocimiento oficial español de la discapacidad y no hay establecidas fórmulas de homologación entre ambos países.

Ante este estado de cosas, que generará desprotección social para las personas refugiadas con discapacidad, el CERMI ha propuesto al Ejecutivo que se apruebe una legislación urgente y extraordinaria que regule nuevos modos de reconocimiento de la discapacidad para esta situación de emergencia.

En este sentido, el CERMI propone, como posibles vías la convalidación en España de los reconocimientos de discapacidad del propio país (Ucrania) y la acreditación por los servicios del sistema nacional de salud o por entidades sociales de la discapacidad integrantes del tercer sector, colaboradoras de la Administración General del Estado, lo que aunaría la urgencia y la seguridad jurídica.

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