La Fundación CERMI Mujeres ha expuesto en un informe, hecho público esta semana, coincidiendo con el día 8 de marzo, el estado de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad en España en 2022 en el que se constata su grado de conocimiento y cumplimiento.

El informe se estructura en dos partes. La primera parte introduce cuatro capítulos que abordan desde la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad, el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas con discapacidad, las políticas de cuidado y empoderamiento, hasta el derecho a un empleo digno de las mujeres con discapacidad.

El segundo bloque recoge el estudio sobre los derechos de las mujeres con discapacidad en España a partir de la explotación de datos de la encuesta del V Foro Social de mujeres y niñas con discapacidad celebrado en Albacete, en noviembre de 2022. Un estudio en el que se ve plasmada la realidad nacional de las mujeres con discapacidad y la relación con sus derechos a través de sus valiosas vivencias.

Este cuestionario preguntaba acerca de sus experiencias en el marco de los 6 grandes grupos de derechos seleccionados: ‘Conozco mis derechos’, ‘Igualdad y no discriminación’, ‘Acceso a la justicia’, ‘Violencia de género contra la mujer’, ‘Salud y Derechos sexuales y reproductivos’ y ‘Yo decido’.

El informe ha advertido que las mujeres siguen viéndose discriminadas, hoy en día, en múltiples aspectos de su vida, sobre todo, a la hora de acceder a los recursos o servicios públicos, donde se ha probado un mayor nivel de discriminación. Y, además, se ha comprobado la existencia de situaciones de discriminación múltiple, viéndose discriminadas por ser mujeres y tener una discapacidad, pero también por ser mujeres de avanzada edad, ser LBTI, migrante o rural.

Asimismo, el informe señala que una accesibilidad universal a recursos, instituciones, información o servicios, acabando con las barreras físicas, comunicaciones, cognitivas, sociales y culturales, permitiría que las mujeres y niñas con discapacidad disfrutasen y ejerciesen sus derechos en igualdad de condiciones.

Igualmente, en el documento se ha denunciado que la violencia contra la mujer sigue siendo una de las grandes lacras de nuestra sociedad, producidas en todo tipo de situaciones o contextos, procedentes de una multiplicidad de individuos con los que las mujeres con discapacidad tienen que relacionarse diariamente.

También se ha podido detectar una falta de materialización de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. “A pesar de que sus derechos están aceptados y ratificados por la comunidad internacional a lo largo de muchos países, falta una gran concienciación y mecanismos para vigilar y exigir su cumplimiento” reza el texto.

Del mismo modo, en el informe se ha puesto de relieve que no todas las mujeres con discapacidad tienen la libertad de decidir sobre su vida y se ven privadas de decidir sobre su propio cuerpo, vida, elección de lugar de residencia, de pareja o la decisión de tener hijos. “Hay que facilitar la entrada a servicios o recursos que favorezcan la propia decisión, proporcionar el apoyo y los ajustes razonables necesarios para la toma de decisiones tanto en el ámbito privado como público” se subraya en el documento.

Finalmente, y a modo de conclusión, el informe aplaude que, a lo largo de estos años, haya habido un avance en materia de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad, pero lamenta que los derechos, llevados a la práctica, hoy no se llegan a materializar como tal. “El activismo de las mujeres con discapacidad es imprescindible para avanzar en materia de igualdad, autonomía, participación y cumplimiento de estos Derechos Humanos” refleja el informe.

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