La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), el movimiento más representativo a nivel estatal (con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados) para la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad, se hace eco del ‘Informe Social Mundial 2023: no dejar a nadie atrás en un mundo que envejece’, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (DESA) y que pone de manifiesto que el número de personas mayores de 65 años se habrá más que duplicado para 2050, por lo que los derechos y el bienestar de estas personas deben ser prioritarios en los esfuerzos por lograr un futuro sostenible.

En 2021, 761 millones de personas en todo el mundo eran mayores de 65 años, cifra que aumentará a 1.600 millones en 2050. El número de personas mayores de 80 años está creciendo aún más rápido, de 155 millones en 2021 alcanzará los 456 millones en 2050. El aumento de la esperanza de vida refleja una mejora general de la salud, sin embargo, el estudio de la ONU señala desigualdades, porque no todos pueden beneficiarse por igual de las mejoras en salud y economía. Mientras muchas personas mayores gozan de excelente salud o son “económicamente activas”, otras viven con dolencias o en la pobreza.

El estudio insta a que se replanteen y refuercen los sistemas de protección social, incluidas las pensiones, con el objetivo de garantizar el bienestar de las personas mayores y ampliar la capacidad productiva de la economía. El análisis sugiere que también debe reconocerse y tenerse en cuenta la considerable contribución del sector informal de los cuidados a la economía formal.

En las regiones más desarrolladas, las pensiones y otros sistemas públicos de transferencias aportan más de dos tercios del consumo de las personas mayores. Además, el envejecimiento de la población mundial también implica un aumento de la necesidad de cuidados de larga duración, un punto débil puesto de manifiesto durante la pandemia de COVID-19. Por desgracia, el gasto público en la mayoría de los países no ha sido suficiente para cubrir la creciente demanda.

Así, el estudio de la ONU recomienda que los países se replanteen las políticas y prácticas asociadas a los medios de vida y el trabajo. Muchos gobiernos ya están introduciendo oportunidades de aprendizaje permanente, así como reforzando y aprovechando al máximo las plantillas intergeneracionales. También están adoptando edades de jubilación flexibles para dar cabida a un amplio abanico de situaciones y preferencias personales.

En este sentido, el informe insta a que se replanteen los sistemas de protección social, incluidas las pensiones, con el objetivo de garantizar el bienestar de las personas mayores y ampliar la capacidad productiva de la economía. El análisis sugiere que también debe reconocerse y tenerse en cuenta la considerable contribución del sector informal de los cuidados a la economía formal.

Las conclusiones del informe coinciden con las medidas propuestas por la PMP en materia de sostenibilidad de las pensiones en España, que pasan por una mejora del mercado laboral, dado que el empleo precario supone una importante pérdida en los ingresos de la Seguridad Social; así como una administración tributaria más fortalecida.

Precisamente, esas tesis defendidas en el análisis coinciden con las planteadas por la PMP en materia de sostenibilidad de las pensiones en nuestro país, que insisten en que las medidas necesarias pasan por una mejora del mercado laboral, dado que “el empleo precario supone una importante pérdida en los ingresos de la Seguridad Social”. Además, la Plataforma también ha venido insistiendo desde sus inicios en la gran aportación que supondría la profesionalización de los cuidados. Ello generaría varios cientos de miles de puestos de trabajo y contribuiría a que la tasa de desempleo, mejorando los ingresos del sistema de Seguridad Social y las condiciones de vida y de acceso al empleo de las mujeres y, en consecuencia, la cuantía de sus pensiones.

Asimismo, desde la PMP se insiste en que, tradicionalmente, el déficit público español proviene básicamente de la insuficiencia de ingresos y no de un exceso de gastos. De este modo coincide también con las conclusiones del estudio de la ONU cuando afirma que son necesarias reformas que fortalezcan la administración tributaria, al mismo tiempo que se eleven los umbrales mínimos del impuesto sobre la renta y se reduzca la carga de la fiscalidad indirecta para alcanzar sistemas tributarios más progresivos.

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