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Las ONGD valencianas piden justicia en el Caso Blasco
Las ONGD valencianas piden justicia en el Caso Blasco

La Coordinadora Valenciana de ONGD ha mostrado hoy un gran decepción. Un sentimiento causado por la sentencia del Tribunal Supremo en relación a las piezas 2 y 3 del Caso Blasco. Piezas por las que el ex conseller Rafael Blasco y una trama de empresarios y funcionarios fueron declarados culpables. Era abril de 2020 cuando la Audiencia Provincial de Valencia los culpabilizó de saquear dinero público destinado a la cooperación con países empobrecidos. 

A pesar de haberse reconocido parcialmente el recurso interpuesto por la Coordinadora, la entidad lamenta la decisión. Y es que el Alto Tribunal no ha revisado las penas impuestas por la Audiencia, que consideran “ridículas”. El castigo es mínimo, a pesar de la gravedad e inmoralidad de los hechos probados.

En relación a la estimación parcial del recurso interpuesto por la Coordinadora, el Tribunal Supremo entiende que la Audiencia incurrió en una clara contradicción. Manifiestan que hubo una “contradicción en relación a la pena de prisión impuesta a Rafael Blasco, que debe determinarse en la ejecución de la sentencia”. En cualquier caso, esto supone que el ex conseller deberá entrar en prisión para cumplir una pena de 1 año y medio. De igual forma, Marc Llinares, jefe del Área de Cooperación en la Consellería de Blasco, deberá ingresar en prisión. En su caso, cumplirá una pena de 2 años y 9 meses.

El Caso Blasco demuestra la existencia de una organización criminal contra los más desfavorecidos

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos interpuestos tanto por la Coordinadora como por la Abogacía de la Generalitat. Unos recursos que denunciaban la constitución de una organización o grupo criminal por parte de los condenados. La Coordinadora respeta la decisión, pero no la comparte en absoluto. Entiende que si algo ha quedado probado a lo largo de las diferencias piezas de este procedimiento, es la existencia de una trama. Una trama perfectamente organizada y estructurada, encabezada por Rafael Blasco. De ésta formaban parte funcionarios y empresarios. Su finalidad última era desviar dinero público destinado a cooperación para el lucro personal de los integrantes de la trama.

No han devuelto el dinero robado

Especialmente alarmante es el hecho de que se ha defraudado una elevadísima cantidad de dinero, millones de euros, que no han sido devueltos. De hecho, se desconoce cuál es la cuantía concreta. Ni siquiera han sido fijados judicialmente ni por la Audiencia Provincial ni por el Tribunal Supremo. Todo ello, a pesar del esfuerzo realizado por el perito judicial que intervino en esta pieza, para fijar el dinero defraudado. Un monto que superaba los tres millones de euros. Ni la Audiencia Provincial ni ahora el Tribunal Supremo se han pronunciado sobre esta cuestión.

“Desde la Coordinadora pensamos que esto traslada un mensaje de impunidad muy grave. A los condenados se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño cuando no han reparado absolutamente nada. Ni siquiera han realizado un esfuerzo real por hacerlo”, denuncian.

Insolvencia y bienes “desaparecidos” en el Caso Blasco

A modo de ejemplo, el modo que tuvo Rafael Blasco de presentarse en el juició. A pesar de los innumerables cargos políticos que ha ostentado a lo largo de su vida, se presentó en el juicio como un jubilado insolvente. Aportó para responder por lo robado propiedades que, o bien ya estaban embargados o bien no estaban a su nombre. Su capacidad de “ocultación” patrimonial ha sido premiada por la Administración de Justicia”, explica López.

Lo mismo ocurre con el que fuera director general con Blasco, Josep María Felip. Un sujeto condenado por malversación, prevaricación y falsedad en documento oficial. Éste ha consignado apenas 15.000 euros, una cantidad sin ninguna proporción con el daño causado. Una cifra que no se entiende después de larga vida laboral como alto funcionario. Esa exigua consignación le ha valido para rebajar su pena. De esta forma, no llegará nunca a entrar en prisión, a menos que vuelva a delinquir.

Sobre el cabecilla empresarial de la trama, Augusto César Tauroni, trascendió en los medios una noticia que roza lo increíble. El yate decomisado al empresario en Miami para recuperar el dinero de la cooperación “desapareció” en un temporal. Otra buena muestra de que los condenados en el Caso Blasco ni han devuelto el dinero defraudado ni han tenido nunca la intención de hacerlo. Sin embargo, se han visto todos ellos beneficiados con importantes rebajas en sus condenas.

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