El presidente de la Junta de Castilla y León impulsa un plan pionero en España para implementar la Agenda 2030 en Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco auguró que «el futuro de Castilla y León será sostenible, verde, igualitario, moderno, con servicios públicos de calidad y con población en todo el territorio». Para que su deseo comience a ser una realidad, anunció que el Gobierno Autonómico está trabajando para que los próximos presupuestos de 2022 sean los primeros que se planifiquen y evalúen en clave Agenda 2030.

El presidente aseguró que la Junta lleva tiempo profundizando en el cambio y modernización de Castilla y León iniciado en esta legislatura. «Abonamos el terreno día a día para que los proyectos de vida en nuestra Comunidad sean cada vez más atractivos», afirmó. Mañueco se mostró convencido de «los grandes recursos de esta tierra para crear oportunidades y fijar población» y animó a aprovecharlos de forma sostenible.

Mañueco insistió en que ahora, cuando las vacunas contra la Covid nos acercan «al momento de la recuperación», toca emprender este nuevo camino. Aseguró al respecto que «en Castilla y León somos pioneros en situar la Agenda 2030 en la política real, en pasarla de las musas al teatro». Y consideró que se dan nuevos pasos para que estos grandes compromisos sigan impulsando la acción de gobierno.

«La Agenda 2030 sí existe en Castilla y León», concluyó el presidente de la Junta, quien también resaltó el papel clave que deben seguir desarrollando en su ejecución todos los poderes públicos, incluyendo a los ayuntamientos y diputaciones, así como el resto de entidades e insituciones. En su opinión, apostar por los 17 objetivos para tranformad el mundo marcados por la ONU en 2015 es «apostar porque los jóvenes tengan un futuro mejor». Además, se mostró convencido de que supone también un camino para «crear oportunidades y fijar la población en Castilla y León».

Fernández Mañueco recordó que en 2018 se aprobaron en Castilla y León las directrices para cumplir con la Agenda 2030, con 140 retos y 400 indicadores. Tras su evaluación en enero, el presidente de la Junta consideró que la Comunidad se encuentra en «una buena posición» dentro de España respecto al grado de cumplimiento. En este sentido, recordó que Castilla y León es la tercera comunidad española por peso de la industria agroalimentaria; se encuentra en el «top 5» de esfuerzo tecnológico; tiene una de las tres fiscalidades más moderadas; y es la segunda que menos IRPF carga en el tramo autonómico. Además, destacó el liderazgo de Castilla y León en energías renovables y su papel como «referente» en producción y uso de biomasa y en la creación de redes de calor, además de haber reforzado su masa forestal, con la plantación de veinte millones de árboles solo en esta legislatura.

Ejes de acción de la Junta para la mejor implementación de la Agenda en Castilla y León

El Plan del Gobierno autonómico se estructura en torno a cuatro grandes ejes. En ellos se recogen un total de 189 actuaciones para el avance social, económico y medioambiental de la Comunidad:

El eje 1, que articula la definición y desarrollo de la Acción pública en sociedad, con un total de 66 acciones. Significa la evolución del concepto de buena gobernanza, un planteamiento que es una novedad como propósito de gobierno a nivel estatal. En este eje se recoge la esencia de la definición y desarrollo de políticas públicas de la mano de los castellanos y leoneses en materias de impacto directo en la ciudadanía como el urbanismo, vivienda, el tercer sector, la ciencia, el cambio climático, políticas demográficas, transporte terrestre, derechos y garantías al final de la vida, o el patrimonio cultural, así como importantes avances en transparencia, participación ciudadana y evaluación de políticas públicas.

En relación al eje 2, referido a la coherencia de políticas y alineación estratégica, cuenta con un total de 55 iniciativas. En ellas se definen planes y formas de actuar conjuntas para el cumplimiento y satisfacción de las políticas públicas. Un impulso a la política de Alianzas que se verá plasmado en acciones tan notables como que el presupuesto 2022 de la Administración se hará en clave 2030. Lo cual supone planificar los gastos y evaluar lo ejecutado con la perspectiva Agenda 2030. Incluye cerca de 30 planes y estrategias en cuestiones tan relevantes como el Desarrollo Rural, la PAC, la sostenibilidad Turística, la Educación ambiental, la cooperación para el Desarrollo, los Espacios Protegidos

El eje 3, por otro lado, tiene que ver con la formación de colectivos claves. Son en total 32 acciones de formación dirigidas a los empleados públicos, de administración general y en especial, sanitarios, y a otros actores sociales. Contarán con formación general sobre la Agenda 2030 y formación sectorial en diversas materias como sanidad, educación, medioambiente, cooperación al desarrollo, trabajadores, para el empleo, en los planes de desarrollo territorial, consumo sostenible, protección ciudadana, profesionales de asistencia familiar, educadores, inspectores de educación, a sectores culturales o profesionales turísticos, entre otros.

Finalmente, el eje 4 se dedica a la sensibilización, y cuenta con 36 acciones. Tienen como objetivo dar a conocer la Agenda 2030, a través de acciones de comunicación corporativa y de sensibilización singulares, colaborando con agentes sociales y entidades sin ánimo de lucro en sectores particulares, como el del comercio minorista, a través de la definición de las necesidades de interés público de la TDT en Castilla y León, centros culturales y bibliotecas, o mediante proyectos de innovación educativa.

En total, se concretaron 140 retos y 400 indicadores propios, que no existían a nivel nacional. Según ha destacado el presidente de la Junta, “en Castilla y León somos pioneros en situar la Agenda en la política real, en pasarla de las musas al teatro». Y hoy se dan nuevos pasos para que estos grandes compromisos sigan impulsando la acción de gobierno. “La Agenda 2030 sí existe en Castilla y León”, ha concluido el presidente, quien ha resaltado el papel clave que deben seguir desarrollando en su ejecución todos los poderes públicos, incluyendo a los ayuntamientos y diputaciones, así como las universidades, los agentes sociales, las organizaciones agrarias y todas las entidades que componen la Sociedad Civil.

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