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En Febrero de 2021 finalizó el plazo de alegaciones para el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 83/2008, que regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de Castilla y León,

“Proyecto Convivo”, Asociación de carácter social, sin ánimo de lucro, creada en León en el año 2015 para la atención a personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite y sus familias, denuncia el considerable retraso en la aprobación final del Decreto, por causa imputable a la Junta de Castilla y León, al no haber finalizado este proceso con mayor celeridad y poner en peligro el acceso al empleo público de este colectivo tan vulnerable.

Es lamentable que desde hace más de un año, una institución como la Junta de Castilla y León, haya retrasado la aprobación de este texto, provocando ahora un nuevo retraso al justificarlo con la espera de la formación del nuevo gobierno.

Realizada la pregunta sobre cuándo está prevista la aprobación, se ha recibido por parte de la Administración regional,  como respuesta lo siguiente: “el texto está finalizado a la espera de aprobación por el Consejo de Gobierno”, hecho éste que evidentemente no se producirá hasta que no se forme el nuevo ejecutivo regional.

Estamos hablando de que una regulación de este calado,  necesaria para garantizar el acceso al empleo público del colectivo de personas con discapacidad, y que podría haber estado aprobada hace meses, se ha visto relegada por intereses exclusivamente políticos.

Recordamos que la aprobación de este Decreto tiene como finalidad recoger y desarrollar el conjunto de disposiciones y medidas vigentes en el Estatuto Básico del Empleado Público (en vigor desde el 2015,) y en el ordenamiento autonómico de Castilla y León, para promover el acceso al empleo público de las personas con discapacidad y al mismo tiempo incorporar, dentro del marco constitucional y legal existente, una serie de medidas adicionales de acción positiva que coadyuven a dotar de efectividad al principio de igualdad en el acceso a la Función Pública de la Comunidad de Castilla y León de las personas afectadas por una discapacidad, atendiendo a la diversidad de situaciones de este colectivo y a la comprobación de las dificultades extremas que dentro de él experimentan para acceder a un empleo, prestando especial atención a las personas con discapacidad intelectual, entre otros.

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